La comisión de Justicia del Congreso ha aprobado esta semana el informe del Proyecto de Ley de medidas organizativas y procesales que eviten el colapso de la justicia debido a la crisis sanitaria del COVID-19 y tras el parón provocado por el estado de alarma.

El texto pasará  al Senado como paso previo a su aprobación definitiva.

La aprobación en el Congreso ha sido mayoritaria, al recibir los 28 votos a favor de los Grupos parlamentarios PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y PNV, 5 en contra de Vox y 3 abstenciones de ERC, Bildu y JxCat.

Se tratan de las medidas fijadas en el Real Decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que el Congreso convalidó el pasado 13 de mayo, pero acordando su tramitación por el procedimiento de urgencia como proyecto de ley. El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia se publicó en el BOE del pasado 29 de abril.

Los distintos grupos parlamentarios presentaron más de un centenar de enmiendas al texto que fue aprobado por el Ejecutivo en abril.

Es destacable que el mes de agosto sería inhábil en la mayoría de los plazos judiciales.

Además de proponer habilitar el mes de agosto y posibilitar turnos de tarde en los juzgados, la norma apuesta por las vistas telemáticas y agiliza los conflictos de familia y los procesos relativos a expedientes de regulación de empleo y quiebras empresariales. Sin embargo, la habilitación del mes de agosto (del 11 al 31 de dicho mes) podría quedar sin efecto debido a que se trata de una competencia atribuida al Consejo General del Poder Judicial. Como es sabido, dicha medida había suscitado numerosas críticas. En contra de esta medida juegan también los plazos de tramitación y entrada en vigor definitiva de la ley, que tendría lugar ya pasadas las fechas que se pretendían habilitar.El Proyecto de ley prioriza los asuntos que tengan que ver con la protección de menores, moratorias de hipotecas o contratos de alquiler, recursos contra la administración por la denegación de ayudas, o despidos.

Si la aprobación en el Senado no se produce antes del 11 de agosto, podría ocurrir que la declaración de agosto como inhábil  no se pudiera llevar a efecto.

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